6 de diciembre de 2017

Comunas afrodescendientes del Chota en Ecuador celebran a su santo

En la mayoría de parcialidades afrodescendientes del territorio ancestral del valle del Chota, que se extiende entre las provincias de Imbabura y Carchi, hay celebraciones religiosas heredadas por los españoles, explica Iván Pabón Chalá, investigador de la cultura afroimbabureña.


Por José Luis Rosales, Redactor

El santo Francisco Javier es el patrono de la comuna de Chalguayacu, ubicado en el cantón Pimampiro (Imbabura). Por eso, la mayoría de sus 2 000 pobladores participó el fin de semana pasado en un programa que unió la fe católica y las expresiones de los afrodescendientes de la zona.



“Es un santo bien milagroso”, comenta Imelda Congo. La presidenta del Comité Promejoras de la localidad creció escuchando a sus mayores sobre los prodigios que habría realizado a varias personas. Por eso, nueve días antes del 3 de diciembre, en donde se recuerda el fallecimiento del misionero jesuita, los vecinos recorren este poblado de calles adoquinados mientras rezan y cantan. Lo hacen con la imagen de su santo cargada en los hombros de los más creyentes.

En la mayoría de parcialidades afrodescendientes del territorio ancestral del valle del Chota, que se extiende entre las provincias de Imbabura y Carchi, hay celebraciones religiosas heredadas por los españoles, explica Iván Pabón Chalá, investigador de la cultura afroimbabureña.

En las vecinas comunas de El Juncal y Carpuela, parroquia de Ambuquí, (Ibarra), por ejemplo, se celebra a San Martín de Porras y a la Virgen de Tránsito, respectivamente. Mientras que, en Piquiucho a La Dolorosa, y en Caldera, a San Francisco de Asís. Las dos últimas pertenecen al cantón Bolívar, en Carchi. Chalguayacu, en donde sus habitantes se dedican al cultivo del fréjol, tomate riñón, mango, entre otros, ha ganado fama por artistas como los integrantes de la Banda Mocha y las Tres Marías.

Los primeros arrancan notas musicales soplando hojas verdes del naranjo, cornetas de cabuya y puros como se denominan a las calabazas secas, entre otros instrumentos de la naturaleza. Mientras que, las últimas, con creatividad imitan con su voz sonidos de cornetas, trompetas, panderetas. Precisamente, ellos no faltaron a la reciente festividad que es la más importante del año en la localidad. María Margarita Pavón, de 78 años, asegura que la presentación ante sus vecinos siempre será especial. 

La fiesta en honor a Francisco Javier gana renombre. Por eso, desde hace dos años se implementó el denominado pregón de la confraternidad, en donde resaltan alegres grupos de danzas al ritmo de bomba, el género musical del valle del Chota, y carros alegóricos. El desfile se inicia en la parcialidad de El Juncal y llega hasta el centro del poblado. Años atrás, una caravana motorizada recorría varios caseríos del valle anunciando la fiesta, recuerda Juan Cervantes, dirigente del sector.

Otras de las incorporaciones es la elección de la reina. Esta vez, Jenny Méndez fue escogida de entre cuatro jóvenes que aspiraban la banda. Para vecinas como Patricia Caicedo, la fiesta es una oportunidad para ganar algunos dólares. Ella vende fritada.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/comunas-afrodescendientes-chota-celebracion-santo.html

8 de noviembre de 2017

LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO PARA LAS COMUNIDADES AFRO DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Una oportunidad para amplificar las voces de Nariño

El panorama de este departamento que dibujan las organizaciones comunitarias – de afros, indígenas y campesinos –, el gobierno local y organizaciones acompañantes como Acnur es preocupante. Sin embargo, resulta profundamente conmovedor ver la valentía de quienes lo habitan.


Por: Rocío Castañeda, Oficial de Información Pública Acnur

Pensarse el territorio, habitarlo, proyectar la vida individual y colectiva en él. Entenderlo como el todo, donde no solo la población afrocolombiana e indígena habita, sino como el espacio donde se forja como pueblo y se proyecta como ciudadanos en ejercicio.

Entender lo que significa el territorio para las comunidades afrocolombianas e indígenas no es sencillo desde el punto de vista de quienes no pertenecen a estos pueblos. Pero comprender este significado es esencial no solo para entender cómo el conflicto armado y el desplazamiento han dejado una huella en él, sino cómo la recuperación de la autonomía de estas comunidades sobre el territorio es fundamental en el proceso de construcción de paz en el que está comprometido Colombia.

“La defensa del territorio ante las amenazas de la minería y el desplazamiento” fue el título que Colombia 2020, el proyecto periodístico del diario El Espectador, dio al conversatorio que realizó en días pasados en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño al sur de Colombia. Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, como uno de los aliados de Colombia 2020, realizó la conferencia inaugural del foro e invitó a participar a una de las organizaciones Étnico Territoriales que acompaña: Asocoetnar (Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales), cuya acción se desarrolla en las Subregiones de Telembí y Sanquianga.

El panorama actual de Nariño que dibujan las organizaciones comunitarias – de afros, indígenas y campesinos –, el gobierno local y organizaciones acompañantes como Acnur es preocupante. En lo que va corrido del año, alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas forzada y masivamente; las comunidades están sometidas a situaciones de confinamiento que se han invisibilizado; se han presentado 153 muertes, entre ellas las de varios líderes, sobre todo en Tumaco y otros municipios de la costa nariñense. Todo ello en un contexto de implementación de los acuerdos de paz, firmados hace un año entre el Gobierno y las Farc, que presentan muchos retos y que las comunidades perciben como de “desarrollo lento y a mediano y largo plazo”, mientras la violencia de los grupos armados ilegales presentes en el territorio se ejecuta en el día a día.

Sin embargo, en medio de este panorama, resulta profundamente conmovedor ver la valentía de quienes lo habitan. El foro de Colombia 2020 logró reunir las voces de una líder de un proceso organizativo que busca conservar las semillas nativas de la región; del Comité de Integración del Macizo Colombiano, de los campesinos de Asopatía, de los afros de Asocoetnar, de los indígenas del Resguardo Puracé; acompañados por el Gobernador encargado de Nariño, la academia representada en la Universidad Mariana, una organización de desarrollo local (ADEL), y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Las voces de afros, indígenas y campesinos reclamaron, a través del compartir de sus experiencias particulares, una sola cosa – en el fondo –: autonomía:

Autonomía sobre cómo resarcir los derechos vulnerados por muchas décadas por un conflicto armado que desplazó, confinó y amenazó la supervivencia misma de las comunidades afro e indígenas.

Autonomía sobre cómo definir rutas de protección frente a las amenazas actuales donde, lamentablemente, el desplazamiento y las muertes no han terminado con la firma del Acuerdo de Paz.

Autonomía para definir qué tipo de desarrollo desean las comunidades que habitan este territorio. Y cómo la minería artesanal puede continuar como práctica tradicional, y cómo se combina, o no, con los proyectos mineros de gran escala. 

Autonomía sobre cómo preservar y administrar sus recursos; el primero de ellos el agua como fuente de vida.

Finalmente, autonomía para crecer como pueblos, como organizaciones con voz y capacidad de decisión y construcción, que requieren la protección y garantías del Estado en lo local y en lo nacional; teniendo en cuenta no solo que la población afro e indígena representa alrededor del 10 y 3% respectivamente de la población víctima de desplazamiento, sino que se cuenta con herramientas importantes para hacer frente a su situación como lo es el marco legal de protección y reparación a víctimas (Leyes 387, 1448, Sentencia T-025 y los Autos de la Corte Constitucional 004, 005, 174 y 073).

El encuentro, cuyo público estuvo integrado por un buen número de jóvenes estudiantes, evidenció el compromiso con la construcción de paz de estas comunidades; y así mismo la necesidad de la articulación de las distintas entidades del Estado para hacer frente, de manera coordinada, a los desafíos que hoy amenazan el territorio.

Texto tomado íntegramente de: https://colombia2020.elespectador.com/opinion/una-oportunidad-para-amplificar-las-voces-de-narino 

20 de octubre de 2017

Jaír Cortés, líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco, Nariño)

Jaír Cortés, líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco, Nariño) asesinado el martes pasado, tenía algo en común con los otros 88 defensores de derechos humanos que han sido ultimados desde la firma del acuerdo de paz con las Farc.


Cortés, como los demás, ejercía la valiente tarea de defender el bien común, es decir, los intereses de la sociedad local frente a los erráticos caprichos de los emporios criminales que se levantan sobre economías ilegales y suelen ir en directa contravía. Es el recurrente pulso entre el interés particular y mafioso de unos pocos capos y el de un conjunto de personas que se han organizado para que no se les arrebate lo mínimo que requieren para sobrevivir como comunidad.

No es, por lo tanto, coincidencia –como lo deja claro el juicioso trabajo de monitoreo de la Iniciativa Unión por la Paz– la relación directa entre hectáreas de coca y riesgo para líderes sociales. Y un ingrediente más: se ha podido constatar que mientras más eslabones de la cadena del negocio del narcotráfico estén asentados en el lugar, más peligro corren quienes no quieren ese futuro de crimen y ley del silencio para su gente.


Donde reinan las economías ilegales, la Constitución es letra muerta. Impera la informalidad. El Estado de derecho, las instituciones son una ilusión o, en el mejor de los casos, un cúmulo de buenas intenciones que poco o nada pasan del papel, de los discursos a los hechos. Consecuencia de ello es lo que todos ya conocemos: quienes no se pliegan a las reglas de juego de los matones de turno –a la intimidación, al silencio, a la explotación– deben huir; quienes con valor alzan la voz para defender los derechos más fundamentales –reemplazando, en el mejor sentido del concepto, al Estado– son blanco inmediato de los que mandan. Así, a secas.

No obstante las buenas intenciones, no obstante lo esperanzador del plan de sustitución de cultivos ilícitos que se trazó bajo la batuta de la Alta Consejería para el Posconflicto, la descripción anterior se ajusta al drama que hoy viven varias zonas del Pacífico colombiano, y Tumaco en particular. Al asedio de los disidentes de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y otras bandas criminales a las organizaciones sociales locales que se la han jugado por la sustitución se suma una compleja tensión por la posesión de la tierra. Sus raíces se extienden a la decisión que en su momento tomó esta guerrilla de promover la movilización de personas desde otras regiones para instalarse en territorios que eran, muchos de ellos, de los afrodescendientes y allí sembrar coca. Y un nuevo ingrediente: la manera como se apretó el acelerador de la erradicación forzada debido a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.


El Gobierno debe, por fin, entender en toda su dimensión la importancia de estos líderes y demostrarlo con un compromiso real y duradero para su protección. El planteado hasta ahora ha evidenciado ser insuficiente. Para ser claros: a la obvia seguridad que requieren con extrema urgencia en términos de esquemas de protección hay que sumarle una de otro tipo: la integral que surge de que el Estado asuma las tareas que ellos desempeñan a título personal y arriesgando sus vidas con tanto coraje a diario.