22 de febrero de 2017

"Gurumbé, canciones de tu memoria negra". Presencia Afro en España

EN EL FILM SE AFIRMA QUE EL 70% DE LOS ESPAÑOLES TENEMOS SANGRE DE NEGROS
La película Gurumbe desata la polémica de la memoria esclavista de España.

Con motivo del Día de la Comunidad Negra España 2017, establecido en las cortes españolas el 17 de Febrero del 2010 con motivo de la aprobación de la PNL (reconocimiento, perdón y reparación a los negros por la esclavitud colonialismo y Apartheid) el próximo 17 FEB se estrenará en Madrid  la película GURUMBE, Canciones de tu memoria negra del cineasta sevillano Miguel A. Rosales.


Con motivo del Día de la Comunidad Negra España 2017, establecido en las cortes españolas el 17 de Febrero del 2010 con motivo de la aprobación de la PNL (reconocimiento, perdón y reparación a los negros por la esclavitud colonialismo y Apartheid), marco legislativo conseguido tras una ardua y sacrificada lucha por el movimiento panafricanista de España, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios mayoritarios. Como dijo en el hemiciclo el emérito profesor y entonces diputado del PP Adolfo Luis González, “la libertad no es gratis y España NO PUEDE seguir desconociendo su historia”.

En conmemoración a dicha histórica festividad y gesta, el próximo 17 FEB se estrenará en Madrid  la película GURUMBE, Canciones de tu memoria negra del cineasta sevillano Miguel A. Rosales.  El documental que explora el fenómeno del esclavismo negra en España peninsular, y su influencia en la cultura y las tradiciones de hoy.  Algo que por primera vez desde la muerte de Franco en 1975, cuenta la historia silenciada de los negros en la España durante el siglo XVI. Gurumbe, nos cuenta su historia para cuestionar nuestro presente y recordarnos que: los españoles, no somos tan blancos como nos ha hecho creer sino que llevamos mucha sangre negra muy dentro de lo que hoy somos.
Un capítulo de la historia de España que universidades, políticos, medios de comunicación han pretendido sistemáticamente, reprimir, esconder, SILENCIAR y negar. El film ha participado  en diferentes  Festivales Internacional de cine afro Kunta Kinte, Festival Internacional de Sao Paulo, SEMINCI 61 Semana Internacional de Cine, Film Africa Festival, SEFF XIII Sevilla Internacional de cine europeo, 42 Festival de cine iberoamericano de Huelva, II Festival Internacional de cine de Bruselas, 24 African Diaspora International Film Festival,  Nile's Diaspora International Film Festival, Antropofest Festiva de Praga, Premios Asecan 2016 etc..Y se ha presentado  en Londres, Nueva York


El día del estreno Matadero tendrá lugar un coloquio con el director y guionista, Miguel Ángel Rosales, el periodista y parte del reparto Abuy Nfubea, seguido del espectáculo de baile de Yinka Esi Graves, acompañado de guitarra y cante. 

Noticia tomada de:http://www.cinenuevatribuna.es/articulo/eventos/pelicula-gurumbe-desata-polemica-memoria-esclavista-espana/20170215172520004247.html 

14 de febrero de 2017

COLOMBIA: EL LENTO RETORNO DE LOS AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS A SUS TERRITORIOS

El Estado se comprometió a otorgar el derecho a la tierra a las comunidades indígenas y afrodescendientes que sufrieron con la violencia que vivió el país. Sin embargo, los avances son pocos.

·       ¿Qué obstáculos encuentran las comunidades indígenas y afro para que su territorio les sea titulado en Colombia?
·       ¿Cómo la minería y las plantaciones de monocultivo de palma han afectado su territorio?
Por  Tatiana Navarrete - 09-02-2017
Más de ocho millones de colombianos fueron afectados por la violencia, de acuerdo con cifras de la Unidad de Víctimas. La mayoría de ellos, que corresponde al 88 por ciento, fueron obligados a salir de su tierra; otros fueron asesinados, secuestrados o violentados sexualmente. Recién en el año 2011 Colombia admitió que vive un conflicto armado interno. Lo hizo por medio de una ley que prometía reparar a las víctimas y restituir las tierras a quienes las habían perdido a causa de la violencia.
La Constitución de 1991 reconoció los territorios colectivos. Resguardos en el caso de los indígenas y consejos comunitarios para los afrocolombianos. Foto: Unidad de Restitución de Tierras.
Cerca de un millón de estas víctimas son indígenas o afrodescendientes que viven selva adentro, la misma selva donde se enquistó la guerra. Una cifra significativa si se tiene en cuenta que las comunidades étnicas representan solo 14 por ciento de la población, según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane.

Como en el resto del país, el delito que golpeó con más fuerza a resguardos indígenas y consejos comunitarios de afrodescendientes fue el desplazamiento forzado. La violencia de distintos actores armados obligó a comunidades enteras a abandonar sus tierras. Incluso actualmente, cuando Colombia está en medio de un proceso de paz con las FARC, del medio millón de personas desplazadas entre noviembre de 2012 y julio de 2015, el 74 % han sido afrocolombianos e indígenas, según un informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Pero el problema no termina ahí. Algunas de estas comunidades que intentaron retornar y exigir los derechos sobre su tierra descubrieron que allí se habían aprobado licencias de explotación minera, había extensos cultivos de palma de aceite en su territorio o crecieron los cultivos de coca y los yacimientos de minería ilegal.

El despojo de tierras no es un fenómeno del que indígenas y afros fueron las únicas víctimas, también  cientos de campesinos que hoy reclaman sus derechos sobre la tierra. La diferencia es que la legislación colombiana es mucho más estricta en cuanto a los territorios étnicos y exige, por ejemplo, que cualquier tipo de explotación tiene que ser consultada y aprobada por parte de la comunidad. Consulta que en la mayoría de estos casos no se hizo.
Para tratar este problema, la Presidencia de la República, en compañía de las comunidades, creó entonces dos decretos complementarios a la Ley de Víctimas que favorecen la restitución colectiva de territorios étnicos. Este se ha convertido en el camino más expedito para que las comunidades indígenas y afros pidan los títulos de propiedad que durante años no les habían concedido.
Sin embargo, más de cinco años después de la entrada en vigencia de la ley, los resultados no son los esperados. “La restitución de los derechos territoriales de las víctimas indígenas y afrodescendientes no avanza. Avanza el despojo y su legalización, y la persecución de líderes”, dijo a Mongabay Latam Yamile Salinas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Salinas presentó un informe en diciembre de 2016 en el que muestra que solo han sido restituidas el 6 por ciento de las hectáreas que estas comunidades han reclamado. De acuerdo con datos de la Unidad de Tierras y de la Rama Judicial a agosto de 2016, de las 61 solicitudes de restitución étnica presentadas, 37 corresponden a resguardos y 24 a consejos comunitarios. De estas 61, solo cuatro han logrado que una sentencia judicial les regrese la tierra.

Esto en hectáreas significa que, de las más de 2 millones de hectáreas reclamadas por comunidades étnicas, solo 123 mil han sido restituidas por la vía judicial. El resto están siendo estudiadas por la Unidad de Tierras o en el despacho de un juez a la espera de un fallo.
El asunto se torna más preocupante si se tiene en cuenta que esta ley es transitoria y que tendrá una duración de 10 años. Es decir, solo quedan cinco más.

Los intereses tras la tierra  

Desde que se creó la constitución de 1991 en Colombia existe la figura de resguardos indígenas –que tienen autonomía sobre sus territorios– y los consejos comunitarios para el caso de los afrocolombianos. Aunque las figuras existan, el problema para muchas comunidades es que, aunque las han reclamado por décadas, aún no tienen los títulos de esas tierras
Como no todos los casos son idénticos, la Unidad de Restitución de Tierras, una entidad creada en 2011, hace el estudio de lo sucedido y si lo considera pertinente presenta una demanda ante un juez, quien tiene la última palabra sobre si se conceden los títulos o no. Son procesos que por lo general tardan más en etapa de estudio por lo amplio de los territorios reclamados.
De acuerdo con los expertos, son también decisiones complicadas porque hay intereses económicos por la tierra. Salinas coincide con otros expertos en el tema en que hay “una incongruencia en las políticas económicas y las de los derechos humanos”, pues mientras el gobierno de Juan Manuel Santos prometió el retorno de las comunidades a sus territorios, promueve lo que llama la ‘Locomotora Minera’, que implica la ampliación de las concesiones mineras en el país.
La Constitución de 1991 reconoció los territorios colectivos. Resguardos en el caso de los indígenas y consejos comunitarios para los afrocolombianos. Foto: Unidad de Restitución de Tierras.
Se refiere, entre otras cosas, a los proyectos mineros (legales e ilegales) y plantaciones de monocultivo de palma que se instalaron en el territorio, sin consultar con las comunidades, y que ahora son un obstáculo para la titulación de tierras. Este es un asunto que ya ha sido reconocido por la Corte Constitucional, que en sus pronunciamientos ha dicho que la presencia de megaproyectos agrícolas o de explotación minera en zonas históricamente habitadas por los grupos étnicos ha propiciado un nuevo escenario de amenazas por la presencia de actores armados que intimidan a la población para que abandonen sus territorios.

Así sucede en el Chocó, un departamento del Pacífico colombiano. Cocomopoca, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina del Alto Atrato, está compuesto por 46 comunidades que viven en cuatro municipios al occidente del Chocó, en las cuencas del río Atrato. En esta región han hecho presencia distintos grupos armados: las FARC, el ELN, paramilitares y los grupos que surgieron después de la desmovilización de estos últimos en 2006. A causa de la violencia el Consejo Comunitario pasó de tener 30 000 habitantes a finales de los 90 a los 12 000 que lo componen hoy.
Entre 2007 y 2009, cuando la comunidad vivía la época más fuerte de desplazamiento forzado, el gobierno entregó 21 contratos de concesión con empresas mineras e individuos sobre más de 17 000 hectáreas del territorio colectivo.
“Nosotros creemos que la restitución ha avanzado solo como un 20 por ciento en un territorio como Chocó, donde los jueces se enfrentan a presiones de empresarios colombianos y extranjeros que tienen intereses sobre la tierra”, aseguró un líder de Cocomopoca, que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad.
Sucedió igual en el Reguardo Indígena Embera Katío del Alto Andagueda, también en el Chocó, donde el gobierno había entregado concesiones para explotación de oro en el 63 por ciento del territorio. Pero en este caso, una histórica sentencia de septiembre de 2014dio un vuelco a la situación, pues el juez de restitución de tierras decidió no solo titular 50 000 hectáreas a los indígenas, sino que exigió la suspensión de las licencias mineras a las cinco empresas que tenían permisos legales para la explotación de oro, entre ellas, la compañía Continental Gold Limited Sucursal Colombia, la compañía Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y la sociedad AngloGold Ashanti.

“En temas de minería ahorita estamos calmados, pero por la sentencia, en la comunidad la gente dice que una empresa puede entrar, siempre y cuando haya una consulta con las comunidades, como dice la ley”, indicó a Mongabay Latam Otoniel, nombre en castellano del líder indígena de esta comunidad.
De una forma similar, en julio de 2015 los jueces decidieron regresar 71 000 hectáreas al Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiquí, Cauca, al sur del país, la única comunidad afrodescendiente a la que hasta ahora le han restituido los derechos sobre la tierra. Allí también se suspendieron los ocho títulos de concesión minera para explotar oro, plata, plomo, hierro, manganeso, níquel, platino, cobre y zinc. Estas decisiones no han caído bien entre el empresariado colombiano.

¿Hay daños ambientales?

El impacto ambiental de estos proyectos mineros en los territorios étnicos está siendo medido por la Unidad de Restitución de Tierras cuando hace el estudio de cada caso, pero aún no existe un balance nacional sobre estos daños.
Las sentencias que han reconocido los derechos de estas comunidades han recordado que la tierra étnica no puede entenderse como un simple instrumento de producción agrícola, sino como parte fundamental de la vida de estos pueblos.  Por eso, consideran fundamental medir los daños ambientales que ha causado la minería, la palma y la erradicación de los cultivos de coca y lo han incluido así en sus órdenes.

Vista aérea del impacto de la minería en Timbiquí, Cauca. Foto: Unidad de Restitución de Tierras.

El fallo que concede la tierra al Consejo Comunitario Renacer Negro explica que la situación de conflicto armado permitió la entrada masiva de la minería a cielo abierto y, para ello, dragas y retroexcavadoras removieron grandes cantidades de tierra. Esto implicó graves afectaciones a las vegetaciones, como la perdida de conectividad ecológica por la fragmentación del habitad y la “contaminación causada por la inadecuada disposición sobre la superficie, todo ello dispersa la fauna local y crea barreras en los procesos de las especies vegetales, causando perdida la cobertura vegetal”, señala la sentencia.
  
Agrega que el paisaje ha sido removido y las comunidades han perdido la conectividad histórica que han tenido con el mismo. Este deterioro ha causado la desaparición en el territorio de especies nativas como, por ejemplo, algunas aves de corto vuelo como la pava, el paujil y las guacharacas, especies dispensadoras de semillas que contribuyen a la regeneración del bosque.
Con relación a las afectaciones sobre las fuentes hídricas, la sentencia asegura que no hay suficiente control de las autoridades sobre los residuos que llegan a los ríos. “En algunas minas de la zona, los lodos se vierten directamente a las quebradas del río Timbiquí. Estos vertidos en grandes cantidades, alteran el sustrato de los cauces del río aguas abajo, obstruyen los flujos reduciendo el habitad de pequeños peces invertebrados, alterando las áreas de reproducción y de refugio de organismos acuáticos y disponibilidad de alimentos”, dice el documento.

La mayoría de estas decisiones sobre restitución de territorios étnicos han recordado también el impacto que ha tenido la fumigación aérea con glifosato, pues no solo causó la pérdida de los cultivos de pancoger, sino problemas de salud de los habitantes, y efectos graves contra la fauna y la flora. Esta fue usada como uno de los principales métodos de erradicación forzada de los cultivos de coca en Colombia, hasta que en mayo de 2015 fue suspendida por el orden del presidente Juan Manuel Santos.
En el Consejo Comunitario de La Larga Turmaradó, en los límites de Chocó y Antioquia, los empresarios ocupan más del 50 por ciento del territorio –las áreas más productivas– de acuerdo con información del Centro de Investigación y Educación Popular, ONG que acompaña el reclamo de los afrodescendientes.
Aunque este caso no ha sido resuelto por una sentencia, un juez sí ordenó unas medidas cautelares, es decir unas medidas de protección antes que se emita un fallo, en las que reconoce el impacto de deforestación que tiene los proyectos de monocultivos a gran escala. Sin embargo, ante la escasa información que hay al respecto ordenó a distintas autoridades ambientales del país hacer un estudio detallado de cómo este cultivo ha impactado en el ecosistema.
Ocurre lo mismo en los Montes de María, una región ubicada en la costa Caribe colombiana, 44 de las 600 hectáreas que reclaman los afrodescendientes del Consejo Comunitario ‘Eladio Ariza’ han sido sembradas con palma.
Sin embargo, vale aclarar que la proliferación de los cultivos de palma en territorios que son reclamados por las víctimas de la violencia no es un fenómeno único de las comunidades étnicas, sino que es común también entre los campesinos, en especial de la costa Caribe colombiana y los Llanos orientales.

¿Es posible regresar?

Las organizaciones de derechos humanos que acompañan las demandas de estas comunidades denuncian que persiste la violencia. “Geográficamente estamos ubicados en un corredor donde pasan todos los grupos. El proceso de paz ha bajado la violencia, pero todavía hay desplazamiento”, aseguró Otoniel, líder indígena de la comunidad Embera Katío en Chocó.

Desde 2014, la Defensoría del Pueblo ha advertido en diferentes espacios que son pocos los avances de la restitución étnica y que mientras tanto las comunidades siguen en riesgo, sobre todo en Chocó, “Existe una manifiesta limitación por parte de grupos ilegales al ejercicio de la autonomía y gobierno propio de las autoridades étnicas, quienes se han visto cooptados por intereses económicos sobre los territorios colectivos o ancestrales (…) A estas presiones se suma la debilidad de los mecanismos de protección estatales que inciden en la inaplicación de los derechos reconocidos a las comunidades en su condición de sujetos de especial protección constitucional”, dice el informe ‘Crisis humanitaria en Chocó’.

De acuerdo con cifras de la ONG Somos Defensores, que hace seguimiento a los crímenes contra líderes sociales, de los 378 defensores de derechos humanos que fueron asesinados entre 2002 y 2016 en Colombia, 123 eran indígenas y 24 afrodescendientes. Por esa razón, las comunidades han insistido que el Estado les dé garantías para reclamar sus territorios.
“Yo me muevo por toda esa zona, en medio de un río caudaloso, donde hay paramilitares, guerrilleros, de todo. Nosotros estamos pidiendo medidas de protección integrales, que no solo sea para los que somos de la mesa directiva, sino para toda la comunidad”, indicó el líder del Consejo comunitario Cocomopoca que pidió la reserva de su nombre. Los líderes de este territorio han recibido amenazas de muerte en repetidas oportunidades durante los últimos dos años y en respuesta la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de prestar seguridad en estos casos, les ha entregado un chaleco de seguridad y un teléfono celular.
De acuerdo con Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores, en el informe que realizan cada año siempre los líderes de comunidades étnicas aparecen entre las víctimas más frecuentes. “Esto se da por varias razones. Primero porque muchas de las zonas de combate y donde confluyen varios actores armados en Colombia son resguardos indígenas. También porque desde 2013 cuando entró en marcha la llamada ‘locomotora minera’ aumentaron las disputas por la tierra que históricamente ha sido de estas comunidades”, dijo el experto a Mongabay Latam. Agregó que la Ley de Víctimas ha hecho más evidentes, además, algunos enfrentamientos de estas comunidades con campesinos que ocupan la tierra o entre las minas y comunidades étnicas.
Además de retornar y tener los títulos de sus tierras, las comunidades esperan que el Estado cumpla la deuda histórica que tiene con ellos: que se construyan vías de comunicación con los centros poblados, se instalen los colegios y centros médicos y que se pacten comúnmente los modelos de desarrollo regionales.

TOMADO DE: https://es.mongabay.com/2017/02/colombia-lento-retorno-los-indigenas-afrodescendientes-territorios/ 

2 de febrero de 2017

EN VIDEO: AFRORAICES, ENCUENTRO DE ESTUDIANTES Y PROFESIONALES AFROCOLOMBIANAS - 2016

La Educación es el camino, fue una de las consignas en el encuentro. Las mujeres afrocolombianas siguen abriéndose camino, asociándose y trabajando conjuntamente por una mejor educación.


POR: AFRORAÍCES
En el pasado año 2016 tuvimos la fortuna de participar en el proceso de fortalecimiento a procesos organizativos de mujeres negras, afrocolombianas, mujeres indígenas y mujeres en condición de discapacidad y cuidadoras, que desarrolló la Secretaria Distrital de la Mujer y el Centro de Apoyo Popular CENTRAP.


En torno al trabajo sobre ocho derechos de las mujeres contemplados en la política pública de mujer y género, el colectivo Afroraíces propuso como iniciativa desarrollar un encuentro de estudiantes y profesionales afrocolombianas, para establecer un diálogo sobre la importancia de la profesionalización de las mujeres afrocolombianas, como mecanismo para la disminución de las brechas económicas, sociales y culturales.


INFORMACIÓN RECIBIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO, VIDEO DISPONIBLE EN: https://www.youtube.com/watch?v=up42qU9ynNo